La conspiración de la partidocracia

Por Hermann W. Bruch

Tuve el privilegio de haber sido invitado a la excelente charla magistral de Francis Fukuyama, auspiciada por FUSADES y FundeMAS, esas dos excelentes instituciones que trabajan por el bienestar del nuestro querido El Salvador, aunque esta aseveración le pueda caer mal a más de algún despistado y resentido seudo intelectual de los que ahora abundan por ahí. Y dicho esto con toda la intención de provocar debate y opiniones adversas, tan necesario en nuestra adormecida sociedad, paso a compartir mis propias lucubraciones, relacionadas con nuestra tan lamentable situación de “secuestro” en que nos mantienen nuestro partidos políticos, a su vez, secuestrados por políticos inescrupulosos e inmorales.

De lo dicho por Fukuyama, quien valientemente y de manera educada plantea lo que sus recientes estudios de la situación latinoamericana le plantean: la desigualdad en la distribución y goce de los frutos del crecimiento económico de la región y los orígenes de esa cultura de desigualdad, me siento impulsado a sacar mis propias conclusiones, no sin antes referirme a otras publicaciones que en algún momento han caído en mis manos, ambas de Carlos Alberto Montaner. Una de ellas, su libro “Las raíces torcidas de América Latina” y el otro, un artículo suyo publicado hace 25 años, titulado “La traición de los Teólogos”.

En el libro, Montaner nos presenta los resultados de sus rigurosas investigaciones históricas (de hecho él lo llama la Historia rescatada) y nos permite un atisbo bastante ilustrativo a lo que en alguna forma hemos ido sospechando desde que estábamos en el colegio y en la Universidad (hablo de los de mi generación, los años 50 y 60).

Siempre hemos sospechado que nuestra pobre situación, vista desde el ángulo político, económico y social, comparada con la de los EE.UU., seguramente debía tener su explicación en nuestras raíces. La conquista española y la influencia de la Iglesia Católica. Percepciones éstas muy simplistas, pero que de alguna forma sentíamos como tremendamente obvias y válidas. Montaner lo aclara todo, de manera magistral, lúcida y entretenida, basada en su investigación de una vasta dotación de documentos históricos (recomiendo su lactura)

Luego, hace 25 años nos instruye con su excelente artículo “La traición de los Teólogos, que de alguna manera nos permite entender las torceduras de una doctrina que hacía estragos en nuestro continente y que de manera sospechosa, estaba siendo atizada en aquella época, por elementos muy prominentes de la Iglesia Católica estratégicamente atrincherados en posiciones de alta visibilidad e influencia, sumado al hecho de estar algunos de ellos infiltrados en movimientos guerrilleros que tanto daño causaron en nuestro hemisferio.

Utilizo la palabra “sospechosa” porque es difícil de entender cómo repentinamente, esa Iglesia que por siglos había sido, no solo cómplice sino autora y actora de una tremenda conspiración en contra de las mujeres, de los pobres y de cuánta persona pudiera colocarse en su orgía de opresión y dominación, milagrosamente había descubierto la luz y su verdadera vocación y se colocaba al frente de los necesitados, de los “explotados” y denunciaba a los ricos y al capitalismo y de paso a los norteamericanos como los causantes de todas estas injusticias y de la pobreza del continente latinoamericano.

Y la sospecha continúa cuando, como resultado de sus auspicios (los de los teólogos liberacionistas), las economías latinoamericanas retroceden y las desigualdades crecen aún más, consolidando de paso una hegemonía absoluta de un capital deshumanizado y ahora menos “creyente” y menos dócil a las enseñanzas religiosas debido, precisamente, a la desviación de los presuntos pastores que se habían entregado unos, a aventuras de fusil y montaña y, otros a lucrativas campañas de evangelización. Toda una conspiración.

Y llegamos al fin de la guerra (¿fin de la historia?) y en nuestro país se firma el Acuerdo de Paz y comienza la fiesta de los partidos políticos que con el tiempo desembocará en la crisis en la que nos encontramos. Una crisis que se desencadena precisamente cuando el sistema económico dependiente de otro sistema económico (resultado del Consenso de Washington) entra en una crisis financiera sin precedentes.

Los partidos políticos salvadoreños tienen la sartén por el mango y de ribete tienen el mango también, pero no están inmunes a la crisis la cual les golpea a ellos de otras formas y no a todos por igual, pero como dice el refrán chino: crisis es crisis y por lo tanto es oportunidad. (el refrán es invento mío, pero suena bien).

El problema de la partidocracia es que, si los ciudadanos no tomamos conciencia de nuestra responsabilidad en el tema nos vamos a meter en un vertiginoso y catastrófico torbellino que nos llevará al caos total. Quienes aducen al caos milagrosas propiedades estarán contentos. Yo no. Creo que podemos y debemos hacer esfuerzos por cambiar este rumbo y alejarnos de la ingobernabilidad pues esta es el caldo de cultivo para oprobiosos regímenes totalitarios, escondidos detrás de caudillos pupulistas disfrazados de benevolentes benefactores defensores de los pobres marginados del salvaje sistema capitalista.

Es hora de despertar a los ciudadanos y sacarlos de su letargo. Es hora del activismo real en pro de la civilidad. Es necesario recuperar las instituciones ahora caídas en desgracia gracias a la partidocracia (la rima es involuntaria). Es hora de montar la batalla frontal en contra del monopolio desgarrador que mantienen los partidos políticos sobre nuestras instituciones y devolverles a éstas su verdadero rol.

Es hora de llevar a cabo una profunda reforma electoral para rescatar al menos una parte de la institucionalidad democrática y comenzar a construir una sólida red de instituciones que restituyan y fortalezcan el Estado de Derecho en nuestro país. Pero no nos equivoquemos, esta tarea no puede ni debe ser fácil ni mucho menos apegada al actual sistema que perversamente y de manera inconstitucional mantiene un aparente cerrojo para la participación ciudadana en el tema electoral. Tenemos que rescatar nuestra capacidad de elegir y no sólo de votar. Y para lograr esto quizá debamos recurrir a estrategias que algunos podrían denunciar como reñidas con la civilidad, pero que son necesarias para lograr el objetivo. Me refiero a que ya no podemos dejar en manos de los diputados el tema de la reforma pues lo que lograremos será un engendro peor que el actual. La reforma tiene que venir de la sociedad civil, así en minúsculas para diferenciarla de esa otra mal llamada Sociedad Civil que también está secuestrada por intereses ideológicos.

Félix Ulloa hijo ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad ante la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que esperemos sea aceptado prontamente y que el fallo sea apegado a Derecho y no a contemplaciones de tipo político a la usanza del pasado. En este recurso Félix plantea de manera magistral y apegada a jurisprudencia de lujo, cómo los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa por diputados que sólo parecen reconocer la representación de sus cúpulas y no la del pueblo entero como les manda la Constitución, han distorsionado y corrompido el verdadero tenor de nuestra Ley Suprema y han convertido ese Órgano del Estado y las instituciones del país en un verdadero “burdel” político que sirve solo para favorecer intereses espurios y recientemente de carteles del crimen organizado, exponiendo de manera muy peligrosa a nuestra querida Patria a las garras de traficantes del mal.

El tema central del recurso del Doctor Ulloa pareciera ser el de las candidaturas independientes, pero en la realidad va mucho más allá y trata de rescatar la vida y el sistema político de nuestro país.

HAGO UNA EXTENSA INVITACIÓN A TODOS LOS SECTORES, ACADÉMICOS, GREMIALES, INTELECTUALES, RELIGIOSOS, JURÍDICOS Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL QUE VERDADERAMENTE AMAMOS A NUESTRO QUERIDO EL SALVADOR A QUE NOS PRONUNCIEMOS ENÉRGICAMENTE EN TORNO A ESTA INICIATIVA CIUDADANA DE UN CIUDADANO QUE SE HA ATREVIDO A DAR EL PASO. EL AÑO 2010 ES NUESTRO TIEMPO.

(ANEXO: Recurso de Félix Ulloa hijo)

HONORABLE SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

FELIX ULLOA hijo, de cincuenta y ocho años de edad, abogado y notario, de este domicilio, titular de mi documento único de identidad cero cero setecientos once seiscientos noventa y ocho, actuando en mi carácter de ciudadano salvadoreño, a VOS con todo respeto EXPONGO:

Primer caso

I.- Que vengo a interponer demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 211 y 215 numeral 3º del Código Electoral vigente, contenido en el Decreto No.417 publicado en el Diario Oficial, Número 16 Tomo 318 de fecha 25 de Enero de 1993, por los siguientes motivos:

a) El articulo 72 numeral 3º de la Constitución establece que son derechos políticos de los ciudadanos: “Optar a cargos públicos, cumpliendo con los requisitos que determinan esta Constitución y las leyes secundarias.”

b) El artículo 126 de la Constitución literalmente dice: “Para ser elegido Diputado se requiere ser mayor de veinticinco años, salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreño, de notoria honradez e instrucción y no haber perdido los derechos de ciudadano en los cinco años anteriores a la elección.”.

Por su parte el artículo 151 de nuestra carta magna estipula que: “Para ser elegido Presidente de la República se requiere: ser salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreño; del estado seglar, mayor de treinta años de edad, de moralidad e instrucción notorias; estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano, haberlo estado en los seis años anteriores a la elección y estar afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos legalmente.”

Y en cuanto al artículo 202 Cn., éste consigna en su inciso segundo, cuales son los requisitos para ser miembro de un Concejo Municipal, a saber: “Los miembros de los Concejos Municipales deberán ser mayores de veintiún años y originarios o vecinos del municipio; serán elegidos para un período de tres años, podrán ser reelegidos y sus demás requisitos serán determinados por la ley.”

Del texto de las referidas disposiciones quedan claramente establecidos los requisitos constitucionales que deben reunir los ciudadanos que se presenten a cada uno de los tres tipos de elección para optar a un cargo electivo de los que contempla nuestro sistema político, en el inciso primero del articulo 80 Cn., el cual a la letra dispone: “El Presidente y Vicepresidente de la República, los Diputados a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano y los Miembros de los Concejos Municipales, son funcionarios de elección popular.”

c) Cumpliendo con el mandato constitucional, todo candidato al cargo de Presidente de la República, además de reunir los requisitos de pertenecer al estado seglar, de la edad, de poseer moralidad e instrucción notorias, y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos durante el tiempo ahí señalado, DEBE ESTAR AFILIADO A UNO DE LOS PARTIDOS POLITICOS RECONOCIDOS LEGALMENTE.

A los candidatos a miembros de los Concejos Municipales se les exige ser mayores de veintiún años y originarios o vecinos del municipio, no así el requisito de estar afiliados a uno de los partidos legalmente reconocidos. Sin embargo, el mismo art. 202 Cn., dejó al legislador secundario la potestad de adicionar dicho requisito cuando en su parte final concluye: “…y sus demás requisitos serán determinados por la ley.”

Diferente a los dos casos anteriores, son los requisitos exigidos por nuestra Constitución para ser candidatos a Diputados (de la Asamblea Legislativa o del Parlamento Centroamericano). No se demanda el estar afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos legalmente, ni se deja al legislador secundario esa facultad de adicionarle más requisitos, como en el caso de los Concejos Municipales.

d) En los Capítulos III y IV del Título VIII del Código Electoral relativo a LOS CANDIDATOS, se consigna en el art. 211: “En la solicitud de inscripción de planillas totales para Candidatos a Diputados al Parlamento Centroamericano, se hará mención expresa del Partido o Coalición contendientes por los cuales se postula, con el objeto de ser registrados en el libro debidamente legalizado, que para tal efecto llevará el Tribunal” y en el art. 215 numeral 3) “ Certificación del punto de acta en el que consta la designación del Candidato postulado hecha por el Partido Político o Coalición postulante, de conformidad con sus estatutos o pacto de coalición.

Al exigir dicho requisitos para la inscripción de las candidaturas a Diputados al Parlamento Centroamericano y a la Asamblea Legislativa, el legislador secundario está violando la Constitución de la República en su artículo 126, que es el que establecen de manera TAXATIVA los requisitos que se deben reunir para ser inscritos en dichas candidatura. La norma primaria en este caso no delega en legislador secundario, la potestad de agregar ningún otro requisito, como si lo hace en el caso de los Concejos Municipales. Por tanto se debe declarar la inconstitucionalidad de ambas disposiciones del Código Electoral.

Con lo antes expuesto, no estoy expresando ninguna opinión en contra de que los partidos políticos puedan y deban presentar sus propios candidatos. Dichos candidatos los pueden presentar a los electores por medio de planillas totales o parciales, las cuales en mi opinión y como lo demostraré más adelante, deberán ser abiertas o al menos desbloqueadas, a efecto que sean los ciudadanos y ciudadanas que conforman el cuerpo electoral convocado al efecto, quienes elija a sus representantes ante el Órgano Legislativo y no las partidos políticos o lo que es peor, sus cúpulas dirigentes.

Es decir que los candidatos a diputados deberán ser inscritos tanto si los presentan los partidos políticos en sus listas o planillas como si se presentan por cualquier otro medio expresamente regulado por la ley.

II.- A efecto de desvirtuar cualquier argumento mediante el cual se alegue que la Constitución establece en el artículo 85 que los partidos políticos “son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno”, y que por tanto no se puede optar a cargos de elección popular sin ser propuesto por un partido político, además de lo expresado en el apartado anterior, traigo a cuenta lo siguiente:

a) Argumento histórico.
La Constitución vigente de El Salvador, promulgada en 1983, mantuvo el rango constitucional reconocido a los partidos políticos desde las constituciones de 1950 y 1962.[1] Pero en esta ocasión se desarrolló su incorporación al sistema constitucional de una manera muy peculiar, al establecer en el artículo 85 de la ley fundamental, entre otras disposiciones que: “El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno.“

Una interpretación exegética y anti-histórica de tal disposición, ha generado un monopolio en la representación de la soberanía popular en por parte de los partidos políticos, creando una partidocracia “constitucionalmente garantizada”, en perjuicio de otras formas asociativas, cuya legitimidad y capacidad de organización y representación, está fuera de toda duda.

Dos circunstancias nos asisten para rechazar esa partidocracia, la primera de orden histórico, que nos remite al periodo 1982-1983 cuando se estaba redactando la constitución vigente. Es decir, en los peores momentos de la guerra civil, cuando existía la real posibilidad de acceder al gobierno, mediante las acciones armadas por parte de los grupos insurrectos, apoyados en una amplia base social que incluía varios gremios profesionales, asociaciones sindicales y una variopinta gama de organismos no gubernamentales.

Plasmar en el texto constitucional la exclusividad de los partidos políticos como únicos instrumentos para la representación del pueblo dentro del gobierno, era un esfuerzo por deslegitimar aquellas otras opciones.

Así nos lo relatan los redactores del proyecto constitucional, cuando en su “Exposición de Motivos” plantean con toda claridad que : “para la defensa del sistema democrático y, conforme a las realidades nacionales, (el conflicto militar de la época) la Comisión incluye un concepto adicional de limitación. Circunscribe a los partidos políticos la expresión de ese pluralismo democrático representativo, de manera que no se permita que otra clase de instituciones con distintas finalidades, se arroguen la representación popular y la participación en el quehacer gubernamental.” El escrito entre paréntesis y el subrayado son míos.

Cuales eran, según los constituyentes de ese periodo, las instituciones que se podría arrogar la representación? Para contestarnos esa pregunta hay que escuchar como entendían ellos el pluralismo político, al cual definieron así: “ …consiste en la multiplicidad de instituciones que sin formar parte de la estructura gubernamental, influencian la formulación de las decisiones políticas… ” para concluir de la siguiente manera: “ Los excesos de pluralismo político pueden inclusive llevar a concepciones totalitarias como la de los estados corporativistas…”. A qué tipo de instituciones se referían entonces, cuáles eran esas que generaban el temor de caer en los totalitarismos de los años corporativistas del siglo pasado?. Según sus propias palabras: ” forman parte del sistema pluralista las asociaciones profesionales, gremiales, sindicales y políticas.” [2] O sea que eran estas asociaciones, entidades, colectivos, a los que se les tenía temor de que tomaran el control del gobierno.

Finalizado el conflicto e integradas en partidos políticos las organizaciones armadas y las organizaciones que les servían de base social (organizaciones de fachada, las llamaron desde el gobierno durante el conflicto), no tiene ningún sentido, reclamar ese privilegio para los partidos políticos -justificable si se quiere en aquella época- para negar la participación de otros grupos ciudadanos, que deseen participar con candidatos propios, con fines eminentemente democráticos y representativos, alejados de cualquier propósito reivindicativo, gremial o corporativo, pero que no quieren pasar por las estructuras de los partidos políticos vigentes, pues no aceptan las practicas ni las formas de hacer la política de la actual partidocracia.

La segunda circunstancia, se encuentra en la misma Constitución, cuando señala entre los requisitos para ser candidato a Presidente o Vicepresidente de la República, el “estar afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos legalmente.” En cambio, cuando se refiere a los Diputados al PARLACEN y a la Asamblea Legislativa, no establece tal condición para optar a cualquiera de dichos cargos.

Los mismos constituyentes en la Exposición de Motivos nos confirman que su temor porque el gobierno cayera en manos de organizaciones con vocación totalitaria o corporativista, les hizo poner el cerrojo para evitar el acceso al gobierno, a personas que no fuesen miembros de un partido político, en los requisitos para ser candidato a la Presidencia y Vice presidencia de la República. Lo cual demuestra la fuerte tradición presidencialista que influía los ánimos de los constituyentes de 1982. Más gráficamente, nos lo relatan en el siguiente párrafo:

“ A los requisitos ya establecidos en la Constitución de 1962 se ha agregado el de estar afiliado a uno de los partidos políticos. Este agregado está en consonancia con lo dispuesto en el Artículo 85 del proyecto que estatuye que los partidos políticos son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. La Comisión estima que el Presidente de la República ejerce una alta representación popular y que, por consiguiente, debe pertenecer a un partido político [3]

Claro su concepción presidencialista les limitó la perspectiva, al entender el Gobierno como sinónimo del Órgano Ejecutivo. Por ello, al resto de cargos de elección popular como a los Diputados, no les exigieron tal requisito, pues en ese momento no recordaron que el Gobierno está compuesto de tres órganos fundamentales, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

b) El Gobierno de El Salvador
Nuestra Constitución establece en el inciso primero del art.85: “El Gobierno es republicano, democrático y representativo” y en el inciso segundo del art. 86: “Los órganos fundamentales del Gobierno son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.”

Por lo tanto, como vimos en el apartado anterior, cuando el constituyente se refiere al entonces proyecto, ahora norma vigente, inciso segundo del art. 85: “El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno” está entendiendo Gobierno como sinónimo de Órgano Ejecutivo y por ello considera que se debe blindar la alta representación popular (para usar sus términos) que ejerce el Presidente de la República imponiendo como requisito para presentarse como candidato a ese cargo, el pertenecer a uno de los partidos políticos reconocidos legalmente. Con ese espíritu redactaron el artículo 151 de la Constitución.

Los constituyentes sabían muy bien que el único cargo electivo que exigiría la afiliación a un partido político, era el de Presidente de la República, pero cometieron el error de escribir Gobierno cuando estaban pensando en el máximo representante del Órgano Ejecutivo.

Esta situación ha permitido que el legislador secundario, violente el derecho político de los ciudadanos de optar a cargos públicos que consagra el numeral tercero del articulo 72 Cn., al obligar mediante las citadas normas infra constitucionales del Código Electoral, que se debe estar afiliado a un partido político para optar al cargo de Diputado.

Y la violación a este derecho constitucional se muestra claramente, cuando interpretando incorrectamente el inciso segundo del artículo 86 Cn., el legislador secundario entiende que los partidos políticos son el único instrumento de representación del pueblo en el Gobierno, para exigir a los candidatos a Diputados su afiliación partidaria, pero no a los miembros del Órgano Judicial, que según el inciso segundo del art. 86 Cn., es uno de los tres Órganos Fundamentales del Gobierno. Por lo que la disyuntiva queda palmariamente desnuda o se exige a los candidatos que se presenten para optar a cargos de tres órganos fundamentales del Gobierno el estar afiliados a un partido político, lo cual sería una lectura exegética y ajena al espíritu de la norma constitucional explicado por los constituyentes en la Exposición de Motivos o como ellos mismos lo expusieron, el requisito de la afiliación partidaria se consignó en el articulo 151 Cn., para optar al cargo de Presidente de la República, exclusivamente, por tanto ni los aspirantes a cargos de Diputados ni a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, están obligados a una afiliación partidaria.

c) El Derecho Internacional y la protección de los Derechos Humanos
El derecho a elegir y ser electo, es un derecho humano fundamental. El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo consigna con toda claridad:

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Por diversas razones algunos estados condicionan o limitan el ejercicio pleno de tal derecho, como el caso de nuestro país. En la protección de derechos fundamentales que las normas del derecho interno, por las razones que fuere no garantizan plenamente, el Derecho de los Derechos Humanos provee de herramientas interpretativa que sin duda, son aplicables a casos como el de la protección de derechos políticos y electorales. Entre ellos podemos citar el principio PRO HOMINE, el cual considera que siempre que haya una relación conflictual entre el Estado y el ciudadano, se presumirá que el Estado violenta los derechos del particular.

Como vimos en líneas anteriores, nuestro legislador constituyente incluyó el “concepto adicional de limitación”… “para la defensa del sistema democrático y, conforme a las realidades nacionales”; en un momento histórico determinado y en condiciones excepcionales de guerra civil, las cuales han evolucionado en los más de veinticinco años que nos separan de ese momento. Entonces también es conveniente examinar a nivel de derecho comparado como otros sistemas jurídicos evolucionan favoreciendo la participación ciudadana en la vida política e institucional de la sociedad democrática. Tal es el caso de la incorporación de nuevos principios interpretativos como la interpretación no restrictiva o expansiva que inspiró la reforma constitucional publicada el 13 de noviembre de 2007, en la exposición de motivos a la iniciativa de reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral.

México podría no ser el mejor ejemplo para El Salvador, a pesar de sus grandes avances en materia electoral; las diferencias entre un estado unitario como el nuestro y uno federal como el mexicano, hacen difícil, entre otras causas, toda comparación. Sin embargo vale la pena observar como el fenómeno de las candidaturas no partidarias o independientes se ha abordado y resuelto en dicha nación. El sistema electoral federal mexicano no permite candidaturas fuera los partidos políticos, y el caso de Jorge Castaneda Gutman que se llevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sentado jurisprudencia en el derecho procesal constitucional al fallar la CIDH sobre la obligación del Estado Mexicano de modificar su legislación interna de manera de garantizar los derechos político electorales de los ciudadanos, que por no pertenecer a un partido político se sintieren afectados en los mismos[4].

La misma importancia vemos a nivel de las entidades federativas, con los sonados casos de Yucatán, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Constitución no prohíbe las candidaturas independientes a cargos de elección popular, mientras que en el caso de Quintana Roo, fallaba en sentido contrario. La aparente contradicción la aclara el Ministro José Ramón Cossío quien explicó que la diferencia entre el caso del estado de Yucatán con relación al de Quintana Roo, en que este ultimo “estuvo limitado a un tema de estructura de partidos y no involucraba el derecho fundamental de ser votado”.[5]

La Convención Americana de Derechos Humanos fue suscrita en San José de Costa Rica el 22 de Noviembre de 1969 y ratificada por El Salvador el 20 de Junio de 1978. El depósito correspondiente se realizó tres días más tarde el 23 de Junio de ese mismo año. Se reconoció la competencia de la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 6 de Junio de 1995.

De conformidad con el artículo 144 Cn., dicho cuerpo normativo es parte de nuestro derecho interno. La citada disposición constitucional obliga además a modificar las normas infra constitucionales del Código Electoral que contravengan lo dispuesto en la Convención, según reza el inciso segundo: “La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado.”

De nuevo México se pone a tono con el espíritu y el texto del sistema normativo interamericano, la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-695/2007 (Caso Hank Rhon) en donde aquel tribunal consideró que si bien por mandato constitucional, el derecho a ser votado se ejerce “teniendo las calidades que establezca la ley”, esas calidades no pueden ser de carácter discriminatorio, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en el caso Yatama vrs Nicaragua) sostuvo la “necesaria compatibilidad” entre el derecho interno y la Convención[6].

El artículo 23, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su numeral 1 establece: “Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

Sin embargo, para no dejar espacio a la discrecionalidad o al subjetivismo del legislador nacional, que podría generar exclusiones prohibidas por el Derecho Internacional, dicho artículo agrego el numeral 2 que a la letra dice: “La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.

Es decir que dentro de marco regulatorio del derecho político de elegir y ser electo, no se considera la afiliación partidaria obligatoria que nos han impuesto las normas del Código Electoral, cuya inconstitucionalidad hoy demando.

Además se debe tomar en cuenta el compromiso asumido por los estados signatarios de la Convención de adecuar sus normas de derecho interno para garantizar el cumplimiento de las garantías que dicho instrumento otorga a todos los habitantes de dichos estados, así lo estipula el articulo dos de la Convención:

“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

Por lo antes expuesto y en la búsqueda del bien mayor que, en toda democracia representativa como la que proclama nuestra constitución, es el respeto la soberanía popular ejercida por el pueblo mediante las elecciones, OS PIDO que declarando la inconstitucionalidad de los mencionados artículos 211 y 251 numeral tercero del Código Electoral.

De esa manera los ciudadanos que deseen postularse como candidatos a Diputados ante la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano PARLACEN, sus candidaturas podrán ser presentadas por los partidos políticos así como por cualquier otra entidad u organización de conformidad con la ley, garantizándoseles el derecho constitucional de optar a cargos públicos, que consagra el articulo 72 numera 3º.

Segundo caso

III.- Que por este medio, también demando la inconstitucionalidad de los artículos 238, 239, 250 inciso primero, 253-B numeral 3), 253-C inciso tercero, 253- literal a) y 262 inciso sexto contenidos en el TITULO IX DEL PROCESO ELECCIONARIO CAPITULO III del Código Electoral, que regula LAS PAPELETAS DE VOTACION por las razones siguientes:

a) El articulo 78 Cn., establece que el voto será libre, directo, igualitario y secreto. De estas cuatro características fundamentales del voto, cuya estricta observancia es la base misma de nuestro sistema de democracia representativa, la segunda o sea el ser DIRECTO, está siendo violada por los mencionados artículos del Código Electoral cuando se trata de una elección de Diputados a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano. El art. 238 ordena: “Los ciudadanos emitirán su voto por medio de papeletas oficiales, que las respectivas Juntas Receptoras de Votos pondrán a su disposición en el momento de votar, marcando en ellas el espacio correspondiente al Partido Político o Coalición por el cual emiten el voto”. Con lo cual se está obligando a los ciudadanos a votar por un partido o coalición, no por los candidatos que son los depositarios de la representación popular, delegada por el pueblo soberano al momento de emitir su voto.

b) El art. 249 establece: “El Tribunal elaborará el modelo de las papeletas conforme a las candidaturas inscritas, separando en el frente, claramente, el espacio correspondiente a cada uno de los Partidos Políticos o Coaliciones contendientes, en el que se imprimirá el nombre del Partido o Coalición, sus respectivos colores, siglas, distintivos o emblemas, las cuales en sus tonalidades y diseños serán previamente aprobados por los Partidos Políticos o Coaliciones contendientes,…” Con esta disposición, el Código Electoral interpone al partido político o coalición contendiente, entre el elector y los candidatos inscritos, violentando la naturaleza de voto de ser directo, o sea de emitirse por el candidato de la preferencia del votante; hecho que se consuma en el caso de los Diputados, con el art. 262 inciso sexto que estipula: “Cuando un partido político o coalición obtenga uno o más Diputados, se entenderán electos los inscritos por orden de precedencia en la planilla”. Es decir que la elección ya fue realizada por el partido político o coalición, y cuando el ciudadano o ciudadana marcan en la papeleta de votación, sobre las siglas y emblema, en el espacio correspondiente al partido político o coalición, lo que hace es validar o legitimar la (se) elección hecha previamente por ambas entidades, con lo cual se viola el derecho de los ciudadanos de votar de manera libre, directa, igualitaria y secretamente, que garantiza el art. 78 Cn., puesto que no está votando por su representante sino por un sujeto intermediario llamado partido político o coalición, quien a su vez ya hizo la elección del orden en que los candidatos ocuparan los puestos que gane el partido o coalición.

c) Con este sistema actual de planillas que establecen los artículos 215, 216 y 218, del Código Electoral, los partidos políticos se han vuelto intermediarios de la representación popular, base fundamental de nuestra democracia representativa. Son ellos los que eligen y priorizan el orden de prelación mediante el sistema actual de planillas cerradas y bloqueadas.

Sin desconocer el derecho que tienen los partidos políticos y coaliciones, de proponer candidatos a diputados y concejos municipales, mediante planillas o listas electorales, sin anular o violentar la característica fundamental del voto de ser DIRECTO, es necesario que se cambie ese sistema inconstitucional de planillas bloqueadas y cerradas, y se devuelva a los ciudadanos y ciudadanas la facultad soberana garantizada por nuestra constitución y los instrumentos del derecho internacional suscritos y ratificados por nuestro país, de elegir libremente a nuestros gobernantes y a nuestros representantes, ello solo será posible si se permite la elección de los Diputados mediante listas o planillas abiertas para que el elector vote directamente sobre el candidato de su elección o preferencia; por lo que respetuosamente OS PIDO se declaren inconstitucionales las mencionadas disposiciones del Código Electoral que violan el derecho constitucional de votar de forma directa .

IV.- Por lo antes expuesto y en base a los artículos 73 numeral 2o., 78, 174 y 183 de la Constitución de la República, 6 y siguientes de la Ley de Procedimientos Constitucionales, PIDO:

a) Admitáis esta demanda;

b) Me tengáis por parte en este proceso de inconstitucionalidad; y,

c) Seguidos los trámites de ley, decretéis en sentencia definitiva la inconstitucionalidad de los artículos 211 y 215 numeral 3º. para el primer caso y en el segundo caso los artículos 238, 239, 250 inciso primero, 253-B numeral 3), 253-C inciso tercero, 253- literal a) y 262 inciso sexto del Código Electoral, por violar el texto y el espíritu de los 72 numeral 3º, 78, 80 inciso primero y 126 de la Constitución de la República.

Presento para que se agregue a los autos, certificación de mi partida de nacimiento, con la que compruebo mi ciudadanía y ejemplar del Diario Oficial donde fue publicado el Código Electoral relacionado. Señalo para oír notificaciones las oficinas del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador IEJES, sito en veintinueve Avenida Norte, número once sesenta y seis, Colonia Buenos Aires, de esta ciudad.

San Salvador, cuatro de diciembre de dos mil nueve

Félix Ulloa hijo

[1] Art. 23 Cn de 1950 y Arts.24 y34 Cn. 1962.

[2] Constitución de la República de El Salvador con sus Reformas. Publicada por la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia UTE. 1999. Exposición de Motivos. Págs. 374-375.

[3] Exposición de Motivos. Op. Cit. Pág.389

[4] 231. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta lo señalado en el Capítulo VI de esta Sentencia, el Tribunal estima que el Estado debe, en un plazo razonable, completar la adecuación de su derecho interno a la Convención, de tal forma que ajuste la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano de acuerdo con lo previsto en la reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007, de manera que mediante dicho recurso se garantice a los ciudadanos de forma efectiva el cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO CASTAÑEDA GUTMAN VS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SENTENCIA DE 6 DE AGOSTO DE 2008

[5] 1er. Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional y 5to.Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional “El Juez constitucional en el siglo XXI” 14 al 17 de mayo de 2008, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. México

[6] Ibid

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