METIENDO MI CUCHARA

El cobro fijo de las Telefónicas, la Ley, la SIGET, el abuso y el bien común

Por Hermann W. Bruch

Recientemente las noticias nos dieron otro susto al informarnos de otro incremento autorizado por la SIGET a la tarifa de telefonía fija. Acto seguido, algunas telefónicas se desmarcaron de la intención de aumentar sus tarifas. Parecía que TELECOM sí pensaba hacer uso de dicha autorización.

Ni cortos ni perezosos nuestros diputados, en un asombroso ejemplo de concertación (78 votos), decretaron la eliminación del cobro básico mensual de la telefonía fija. Sólo falta por ver si el Presidente sanciona este decreto o lo veta con observaciones.

Mientras tanto, las voces se han alzado, en favor y en contra y muy sospechosamente, las empresas de telefonía se han quedado mudas. Voceros de la empresa privada, muy notoriamente le ANEP y la ASI han declarado peligroso que se regulan las tarifas (y los precios en general) por decreto.

Según información publicada por el periódico digital El Faro, “Roberto Lorenzana, diputado del FMLN, explicó que las compañías hicieron una inversión aproximada, según los datos oficiales obtenidos por él, de 97 millones. ‘Y solo en un año, Telecom (Claro), que es la más grande, recibe más de 100 millones de dólares y han pasado más de 10 años haciendo este cobro.”

Por supuesto que soy de los que me siento contento con la medida de los diputados, tanto en lo personal como en el campo empresarial. El argumento del señor Lorenzana es realmente alarmante y, además, bastante apegado a la realidad. Sin embargo, considero necesario expresar algunas apreciaciones que pudieran poner un poco más de luz y de perspectiva al tema, sin pretender ser un experto en la materia sino como una defensor de la libertad.

En principio, creo en la libertad de hacer negocios sin la intervención controladora del Estado, pero al mismo tiempo debo agregar que también creo que el Estado debe ejercer una función reguladora para evitar abusos, especialmente cuando se trata de servicios de carácter público, como lo es la telefonía.

Cuando se privatizó la empresa estatal ANTEL, se aprobó la Ley de Telecomunicaciones y se creó la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones – SIGET que sería la encargada de “aplicar y velar por el cumplimiento de las normas y regulaciones establecidas en esta Ley y su reglamento”.

Es necesario dar a conocer cuales fueron los considerandos de la Ley de Telecomunicaciones para poner en contexto mi opinión. Transcribo aquí, textualmente estos considerandos.

I. Que de conformidad con el artículo 110 de la Constitución, es deber del Estado regular y vigilar los servicios públicos, así como aprobar sus tarifas.

II. Que las disposiciones contenidas en la actual Ley de Telecomunicaciones, Decreto Legislativo N° 807 de fecha 12 de septiembre de 1996, publicado en el Diario Oficial N° 189, Tomo 333, de fecha 9 de octubre de ese mismo año, son insuficientes para ejercitar una adecuada regulación y vigilancia del servicio público de telefonía y de sus tarifas, por parte del Estado.

III. Que con el objeto de garantizar a los ciudadanos la prestación de servicios públicos esenciales a la comunidad, es necesario que se establezcan las disposiciones que permitan al Estado, de conformidad con el marco constitucional vigente, realizar la función social de protección a los consumidores en la obtención de dichos servicios.

IV. Que en consecuencia, las facultades del Estado en cuanto a la aprobación de tarifas de servicios públicos deben ser establecidas de manera que le permitan un campo de acción suficiente para garantizar la prestación de dichos servicios en condiciones de justicia social, y al mismo tiempo, fijar de manera clara las condiciones legales de prestación de dichos servicios para garantizar la seguridad jurídica de las personas que se dediquen a tal actividad.

V. Que es necesario fomentar la libertad de elección y contratación por parte de los consumidores, otorgando a la iniciativa privada en el campo de las telecomunicaciones un marco legal regulatorio moderno, que fomente la libre competencia y elimine la arbitrariedad administrativa; y

VI. Que por ser de interés social, y por la magnitud de las reformas necesarias que deben introducirse a la Ley de Telecomunicaciones para posibilitar las acciones a que se refieren los considerandos anteriores, es conveniente crear un nuevo cuerpo legal. (las negritas son mías)

Entonces podemos decir que, el estado, por medio de la SIGET, está autorizado para regular las tarifas de telefonía y por ende, aprobar cambios en las mismas – entendiendo por esto, cambios tanto hacia el alza como hacia la baja, Por allá por el año 1998, los ciudadanos conocimos de un nefasto acuerdo secreto entre el Superintendente de la época, el señor Eric Casamiquela y la empresa CTE-Telecom, mediante el cual le otorgaba permiso para hacer ajustes anuales a sus tarifas (incluyendo la básica), lo cual algunos ciudadanos criticamos abierta y fuertemente, entre ellos el anterior y destituido Superintendente, Orlando de Sola y el renunciado Comisionado de la Privatización, Alfredo Mena Lagos.

Este acuerdo secreto, que incluso exigimos en su oportunidad que se hiciera público, sin ningún éxito, propició que la Empresa CTE – Telecom la que posteriormente fue vendida por France Telecom a la mexicana Telmex (ahora America Móvil de Carlos Slim), ha significado pingües ingresos para la empresa, tal como lo explica el señor Lorenzana del FMLN, ingresos que superan con creces (¿diez veces?) la inversión hecha por la empresa que compró ANTEL para modernizar las instalaciones compradas.

Ahora, con aparente justicia (yo me atrevería a decir que como rectificación de un nefasto acuerdo del Superintendente Casamiquela), se nos entrega, por decreto legislativo tomado casi por unanimidad, un respiro a nuestra ya recargada canasta básica. Se ha eliminado un abuso y esto podemos asegurarlo como consumidores que somos y usuarios de los servicios de telefonía, que nadie puede negar que son muy deficientes y alejados a la calidad que supuestamente el Estado, a través de la SIGET, debiera exigir de parte de estas empresas.



SIGET es el ente regulador del sector, y quien tiene la facultad de autorizar la concesión de frecuencias de comunicación en el espectro

radio eléctrico, autorizar la operación pública de las empresas

para prestar servicios, regular el acceso a los recursos esenciales y

el plan de numeración, así como la aprobación de tarifas máximas.

Adicionalmente, SIGET cuenta con facultades para emitir normas y estándares técnicos en dicho sector”, pero no las aplica (las negritas y el comentario al final son míos)


Como un ejemplo quiero citar que, cualquier persona que posee un teléfono celular en nuestro país, sufre de constantes interrupciones de llamadas, a causa de la ineficiencia del servicio. A manera de comparación, en Chile la Superintendencia le exige a las empresas de telefonía móvil un 99.3 % de efectividad en la conexión de las llamadas. Yo me atrevería a asegurar que en nuestro país, esta efectividad no pasa del 80%.

Pero el abuso no queda solo ahí. Se ha comprobado y, ha sido objeto de demandas millonarias entre empresas, que le ex estatal empresa de telefonía, CTE-Telecom, fue encontrada culpable de prácticas desleales al negarse en algunos casos a interconectar a sus usuarios con usuarios de otras empresas.

Ante situaciones como estas, agregado al hecho de que Telecom goza actualmente de un monopolio virtual en la telefonía fija al ser el operador con casi 90% del total nacional, era no sólo de esperar sino una obligación de parte de los legisladores aprobar este decreto en vista de que el ente regulador no esté cumpliendo con su mandato. De hecho, la SIGET fue prostituida desde el momento en que el entonces Presidente Calderón Sol destituyó al señor De Sola de paso cambiando la Ley y nombrando un cuerpo colegiado de directores en lugar de un Superintendente INDEPENDIENTE, como la ley originalmente exigía.

Por lo anteriormente expuesto, creo poder afirmar con propiedad y autoridad, en mi carácter de consumidor y ciudadano de El Salvador, que en este caso nuestros diputados han actuado con celeridad y con justicia y espero que el Presidente Funes no vete la Ley. Invito a los diferentes sectores privados que se han pronunciado adversamente en torno a este decreto a que tomen en consideración que ya basta de abusos de parte de algunas empresas privadas y que es tiempo de que el Estado cumpla con el mandato de proteger a sus ciudadanos y de velar porque las leyes y- especialmente el espíritu de las leyes, se respete y deje de manosearse favoreciendo intereses particulares en contra de los intereses generales.

Cuando los privados incumplen las leyes, cuando se valen de favoritismos y de prácticas desleales para lucrar, no sólo deja de ser peligrosa la intervención del Estado en favor de los consumidores, sino que se torna indispensable. El Estado es un arbitro y la ley establece las reglas del juego. Los jugadores (empresas y consumidores) deben respetar estas reglas y cuando alguien comete falta, el árbitro debe intervenir y castigar.

Antes de terminar quiero comentar que me hace falta escuchar a la Defensoría del Consumidor que ha estado muy callada en torno a este tema. El señor Director, Armando Flores ha sido un crítico muy apasionado de la forma como la SIGET ha incumplido su mandato en lo que respecta a los servicios de telefonía y de electricidad y ahora nos gustaría conocer su opinión versada en la materia.

22 de enero de 2010

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